Episcopado plantea al Presidente necesidad de garantizar elecciones en Julio

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SANTO DOMINGO.- Una delegación de la Conferencia del Episcopado Dominicano que se reunió este lunes con el presidente Danilo Medina para discutir sobre la reactivación de las actividades económicas del país, le planteó al mandatario la necesidad de garantizar que el 5 de julio se realicen las elecciones presidenciales.

Los obispos que participaron en la reunión realizada en el Palacio Nacional plantearon la posibilidad de la extensión del horario de votación y dividirlos en horarios entre hombres y mujeres para facilitar mantener el distanciamiento social durante las votaciones.

El presidente Medina solicitó a los prelados ayudar a concientizar a la población sobre el voto y la necesidad de acogerse a los protocolos sanitarios durante el proceso de votación para evitar contagios del nuevo coronavirus Covid-19.

El mandatario convocó a los representantes de la Iglesia Católica a conversar sobre la posible reapertura gradual de la dinámica comercial, económica e institucional del país y en consecuencia el reforzamiento de las medidas que se deberían adoptar frente a esta nueva realidad y al coronavirus (COVID-19).

Medina agradeció el apoyo de la Iglesia durante la pandemia y resaltó que fue una de las primeras instituciones que tomó medidas preventivas ante el COVID-19; entre las que se encuentran la celebración de Eucaristías sin feligreses, la suspensión de las actividades que impliquen aglomeración de personas y la disposición de algunos centros para la acogida de afectados.

Al mismo tiempo explicó que, como parte del estudio para la apertura progresiva de la economía, se reúne con todos los sectores de la sociedad, a quienes presenta los diferentes escenarios y las medidas adecuadas para evitar una crisis, no solo económica sino también institucional.

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En otro orden, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo de San Juan de la Magüana, propuso que de iniciar la actividad comercial se realice con la firma de un protocolo entre el Gobierno y las empresas que asegure que los empleados asuman con responsabilidad las precauciones que se requieran, así como mantener cerrados los centros como discotecas, bares, entre otros.

También valoró las ayudas gestionadas a personas vulnerables a través de los programas del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y Quédate En Casa.

En tanto, Monseñor Santiago Rodríguez, obispo de San Pedro de Macorís, solicitó considerar la extensión del estado de emergencia, fortalecer el cumplimiento de las disposiciones sobre el distanciamiento social y el confinamiento en las casas en el horario establecido, así como educar al pueblo para cuando retorne de manera progresiva a la normalidad.

A seguidas, los obispos auxiliares de Santo Domingo, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández y Monseñor Faustino Burgos Brisman, explicaron que la Iglesia está trabajando en un protocolo para abrir los templos con disciplina y control cuando lo dispongan las autoridades.

Reiteraron la necesidad de establecer una estrategia disciplinada y controlada para la apertura progresiva del comercio, fortalecer la vigilancia en los barrios y continuar con la implementación creciente de las pruebas.

Asimismo, la Iglesia solicitó al Gobierno intensificar el apoyo a los estudiantes que no tienen acceso a internet ni computadoras en los campos, a fin de que puedan continuar con sus estudios.

Participaron también el padre Carlos Abreu Frías, secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), y Sugeiry Micher Sandoval García, encargada de la Dirección de Comunicación y Prensa de la CED.

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Además, estuvieron presentes los sacerdotes Miguel Amarante, rector del seminario de vocaciones adultas; Milcíades Florentino, vicario episcopal de administración de la Diócesis Castrense; Andrés Solano, vicario adjunto de Pastoral de la Vicaría Episcopal Santo Domingo Norte; y Ramón del Rosario, asesor de educación de la Diócesis de San Juan de la Maguana.

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De la presidencia asistieron Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia; José Ramón Peralta, ministro Administrativo de la Presidencia, y Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.