Congreso de Perú aprueba entrega del 25% de los fondos pensiones a empleados por situación coronavirus

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En su tercera sesión plenaria presencial, el Congreso aprobó la ley que aprueba el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un tope máximo de S/ 12.900, en el marco de la emergencia producida por el coronavirus (COVID-19). La autógrafa de esta norma será remitida al Poder Ejecutivo, donde el presidente Martín Vizcarra tiene un plazo de 15 útiles para promulgar la norma u presentar observaciones, por lo que el texto retornaría al Poder Legislativo.

La ley aprobada en un debate que se prologó por poco más de cinco horas permite a los afiliados retirar el 25% de sus fondos en el sistema privado de pensiones, con un tope un mínimo de retiro equivalente a 1 UIT (S/4.300) y un máximo equivalente a 3 UIT (S/12.900). Asimismo, se detalla que la entrega será en dos armadas: 50% a los 10 días calendario de presentada la solicitud, y el otro 50% a los 30 días calendario después del primer desembolso. “En los casos que el afiliado tenga menos del equivalente a 1 UIT, el retiro será al 100% y en una sola oportunidad”, especifica el texto aprobado con 107 votos a favor y 4 en contra. Los únicos que no apoyaron la norma fueron algunos representantes del Partido Morado (Alberto de Belaunde, Daniel Olivares, Francisco Sagasti y Zenaida Solís).

Durante el debate se incluyeron algunas modificaciones de forma en la redacción. Además, se incluyó una disposición donde se establece que los afiliados beneficiados por las medidas del gobierno podrán acogerse a la presente norma, descontando la suma recibida (hasta S/2.000, según lo dispuesto por el Ejecutivo), además de especificarse que no se deroga ni suspende la vigencia de otras normas relacionadas al retiro total o parcial de los fondos de las AFP. Por último, se incluyó otra disposición que declara de necesidad pública la reforma de los sistemas públicos y privado de pensiones.

El debate arrancó con la sustentación del legislador José Luna Morales (Podemos, Lima), quien criticó que el tema de las AFP hayan sido el último punto en la agenda del pleno que antes aprobó una norma sobre el control concurrente y otra que deja sin efecto el cobro de peajes por la situación de emergencia. “Hoy presentamos una ley donde pedimos la libertad de los fondos para que los aportantes y exportantes puedan afrontar este momento de crisis. Se pone una cuota mínima y máxima para que todos puedan ser beneficiados. Estamos hablando de seis millones de aportantes beneficiados directamente y 18 millones beneficiados indirectamente. Este es un proyecto de clamor popular, no estamos pidiendo que nos presten, sino que nos devuelvan lo ganado con nuestro trabajo”, refirió.

Luna recordó que en períodos anteriores se amenazó, hasta en tres oportunidades, de que los cambios legislativos a los fondos quebrarían el sistema, lo cual nunca se cumplió. Asimismo, el representante de Podemos explicó que el texto sustitutorio recogía la recomendación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para que el retiro del 25% se realice en dos entregas. “Y felicitamos al presidente Martín Vizcarra por haber tomado medidas en base a lo propuesto por el Congreso. Porque es este Congreso quien impulsó el debate sobre la liberación de los fondos de las AFP”, afirmó. Según los cálculos expuestos por Luna Morales, serían S/21 mil millones los que saldrán de los fondos de las AFP con el retiro del 25%. “El miedo es que este es el primer paso a la reforma del sistema privado de pensiones, no es el supuesto quiebre del sistema financiero”, manifestó.

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La segunda oradora del debate fue Carmen Omonte (Alianza para el Progreso, Lima), quien calificó la norma como una “oportunidad histórica del Congreso para recuperar el vínculo con el pueblo que representa”. En ese sentido, lamentó que los representantes del Poder Ejecutivo hayan “defendido los intereses de las AFP” durante las presentaciones que tuvieron -durante esta última semana- ante la Junta de Portavoces.

La percepción de la labor del Ejecutivo fue distinta en otras bancadas. La vocera del Frepap, María Teresa Céspedes (Lima) reconoció que la propuesta inicial -la cual no contemplaba topes- no iba a favorecer a los que menos dinero tienen en su fondo de pensiones. En ese sentido, contó que la exposición de la ministra de Economía María Antonieta Alva ante la Junta de Portavoces les ayudó a entender que existían más de 3 millones de afiliados con aportes por debajo de los S/5.000 y por ende eran necesarios algunas limitaciones para que el beneficio sea equitativo favor de los que menos fondos registran en el sistema privado.

En esa línea, la portavoz alterna de Fuerza Popular Martha Chávez (Lima) admitió que la representación parlamentaria entendió la realidad actual de las AFP y por eso consensuó un texto sustitutorio que modificaba la propuesta original, pero también descartó las advertencias sobre el supuesto desequilibrio financiero. “Cuando se aprobó que los afiliados mayores de 65 puedan retirar 95% de sus fondos también se dijo que quebraría el sistema y eso nunca pasó. Así que esos anuncios catastróficos no son correctos”, refirió Chávez.

Las críticas hacia el Ejecutivo volvieron de la mano de Daniel Urresti (Podemos, Lima), quien recordó que para el debate de las delegaciones de facultades enviaron a funcionarios “de menor rango” para la sustentación, en alusión al viceministro de Economía, Mario Arróspide, y el jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, Eduardo González. “Pero cuando se tocó el tema de las AFP, mandaron al primer ministro y a la ministra de Economía. Y cuando han venido acá no han sabido responder las preguntas sobre cuánto han perdido los fondos en marzo y cuánto perderán en abril”, acusó el vocero de Podemos.

Casi al final del debate, Diethell Columbus (Fuerza Popular) propuso la incorporación de una disposición complementaria para fijar un plazo de 60 días al Poder Ejecutivo para presentar el anunciado paquete legislativo sobre la reforma del sistema de pensiones, tanto público como privado. En la víspera del debate, Columbus había presentado un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, para especificar que la norma aprobada “no deroga, suspende o sustituye lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nª 34-2020 ni en otras normas vigentes que establezcan medidas relacionadas al retiro total o parcial de los fondos a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones”. Esto último fue incluido en el texto final aprobado. Finalmente, Columbus pidió a la Mesa Directiva enviar esa misma noche la autógrafa de ley al presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, el titular del Legislativo Manuel Merino, no dio respuesta sobre la solicitud.

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Durante todo el debate, los únicos opositores a la ley fueron los representantes del Partido Morado.

La vocera alterna del Partido Morado, Zenaida Solís (Lima), advirtió que los afiliados que menos dinero han acumulado en su cuenta recibirán solo el 12% del monto total de los fondos, mientras que en el caso de los aportantes con S/51.000 a más -si bien son el 11%- sus fondos representan el 32% del monto global. “Estos últimos son los que tienen trabajo, hoy están recibiendo un pago mensual. ¿Para qué necesitan dinero? Necesitamos ver por los que no tienen”, manifestó Solís.

En medio del debate, el Partido Morado presentó un proyecto de ley alternativo que planteaba una fórmula para que los afiliados puedan retirar de su Cuenta Individual de Capitalización, por única vez, hasta S/2.000 siempre que hasta el 31 de marzo del 2020 no cuenten con acreditación de aportes por al menos tres meses consecutivos.

La propuesta también señalaba que podrían acceder al 100% de sus fondos aquellos afiliados que no hayan realizado aportes en los últimos cinco años. “Si el valor del porcentaje es hasta S/5.000, el reembolso se ejecutará en una sola entrega. Si es superior a dicho monto, la entrega será en cuotas mensuales consecutivas que no exceden dicho monto”, especificaba la iniciativa.

Por última, el proyecto de los morados estipulaba que los afiliados podrían acceder hasta S/2.000 para el pago de cuotas hipotecarias mensuales y/o cuotas de arrendamiento mensuales que deban ser pagadas durante el periodo del estado de emergencia.
Otro de los representantes morados, Daniel Olivares (Lima), aseguró que el proyecto mayoritario carecía de sustento técnico y lamentó que no se haya instalado la Comisión de Economía para un estudio riguroso y alejado de un criterio político. “Nuestro labor es acompañar a la ciudadanía, no sacar leyes del sombrero. Las AFP son una marca odiada, pero hay que admitirlo, es una marca tan odiada como el Congreso”, dijo. También repitió el argumento de su colega Solís sobre que “los que más tienen se llevarán el pedazo más grande de la torta de los fondos”, y culminó pidiendo a la representación demostrar un diferencial respecto al Congreso anterior. “Tenemos que demostrar que no solo queremos salir en la foto”, cerró su intervención.

A la hora del voto, el Partido Morado se fraccionó. Alberto de Belaunde, Daniel Olivares, Francisco Sagasti y Zenaida Solís votaron en contra. Mientras que Carolina Lizárraga, Miguel Angel Gonzales y Angélica Palomino votaron a favor. Los dos miembros restantes de la bancada, Gino Costa y José Antonio Núñez, no asistieron a la sesión.

Tras la votación, la legisladora Lizárraga justificó su voto a través de Twitter. “He escuchado al pueblo que necesita su dinero en emergencia y a expertos que confirman que si es posible liberar fondos. Por eso, decidí votar a favor del retiro parcial de fondos AFP. El ciudadano es libre de disponer del fruto de su trabajo”, escribió. Mientras que Costa, a través de la misma red social, saludó a sus colegas que votaron en contra de la ley: “Bien Sagasti, Solís, De Belaunde y Olivares por voto responsable sobre devolución de aportes de AFP, y coherente con proyecto de ley de la Bancada Morada”.

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El camino previo

El Parlamento insistió en su propuesta a pesar de las medidas dictadas por el Ejecutivo, que ya aprobó normas que permiten a los afiliados que no hayan estado en planilla por seis meses -su propuesta original era 12 meses- retirar S/2.000 de sus fondos.
El primer proyecto que fijaba un monto fijo de retiro fue el de Carmen Omonte (Alianza para el Progreso, Lima) que, el 24 de marzo, planteaba que los afiliados dispongan de hasta 10 remuneraciones mínimas vitales (S/9.300) de sus fondos. Dos días después llegaría el proyecto multipartidario impulsado por José Luna (Podemos, Lima), con el 25%. El tope de 25% (3 UIT o su equivalente, S/12.900) se incorporó en la Junta de Portavoces del miércoles 1 de abril, a propuesta del vocero de APP, Fernando Meléndez.

La oposición de la Asociación de AFP llegó con el segundo proyecto de Luna, pero el Congreso no dio marcha atrás, pese a recibir opiniones contrarias del Ejecutivo, del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Incluso el presidente Vizcarra dijo durante la semana que debía plantearse una reforma integral del sistema de AFP pero destacó que la emergencia por el coronavirus no era el momento para hacerlo.

El camino a seguir

Una vez aprobada una ley en el Congreso, el presidente tiene un plazo de 15 días útiles para promulgarla u observarla. Si es observada, el texto regresa al Parlamento, que puede allanarse y realizar modificaciones, o insistir con su propuesta original.

La politóloga María Alejandra Campos y el director del Grupo Fides Perú Jeffrey Radzinsky coincidieron en señalar que el escenario más probable es que Vizcarra realice observaciones a la norma sobre AFP. “Acá se verá la capacidad del gobierno para persuadir al Congreso. El Parlamento decidirá si aprueba tal cual su propuesta, si usa sus limitaciones para no verse doblegado o cede para llegar a un punto medio”, indicó Radzinsky.

En el 2016, el pleno del Congreso terminó aprobando por insistencia del proyecto de ley que proponía la libre disposición del 95,5% de las aportaciones de los pensionistas a las AFP al cumplir los 65 años. Esta norma fue referida durante el debate del retiro del 25% de los fondos de las AFP por la emergencia del coronavirus.

Los analistas también coincidieron en señalar que no ven a Vizcarra presentando una cuestión de confianza. “La propuesta que lleva el Congreso al pleno es menos dañina que la original. Asimismo, es un tema sumamente impopular como para que el gobierno queme sus balas en esto”, dijo Campos.

Según la politóloga, lo mejor sería que el gobierno, después de esta norma, ponga interés en impulsar la reforma del sistema de pensiones, para que esta tenga criterios más técnicos que políticos.

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