Decreto sobre acceso a datos le genera una crisis a Gobierno de Costa Rica

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La publicación de un decreto que textualmente permitía a una unidad presidencial de análisis de datos acceder a información 'confidencial' en Costa Rica, ha generado una crisis al Gobierno de Carlos Alvarado, quien ha tratado, sin mucho éxito hasta este martes, capear el huracán mediante un reconocimiento de errores.

La Fiscalía ha recibido al menos tres denuncias contra el mandatario, su ministro de la presidencia, Víctor Morales, y otros funcionarios que participaron en la redacción del decreto, y por otra parte la Defensoría de los Habitantes ha comenzado una investigación, al igual que lo hará próximamente una comisión especial del Congreso.

El polémico artículo 7

El Gobierno sostiene que el decreto, publicado el pasado 17 de febrero y derogado cuatro días después, tenía como fin crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual debía recopilar datos macro que están dispersos por numerosas entidades públicas con el objetivo de analizarlos para que el Ejecutivo pudiera usar los resultados en la elaboración de Políticas Públicas.

El decreto también buscaba institucionalizar el trabajo de un equipo de tres personas que desde hace 18 meses analiza datos en la Casa Presidencial y que ha generado instrumentos para infraestructura educativa, vial y carcelaria, según explicó el Gobierno.

La gran polémica surgió el pasado viernes cuando los medios de comunicación publicaron el decreto, en particular su artículo 7, el cual indicaba que 'las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado'.

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El artículo agregaba que 'también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD'.

El mismo viernes, en medio de una lluvia de críticas y acusaciones de la oposición política y diversos sectores, el Gobierno derogó el decreto para abrir un espacio de diálogo sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos, y el lunes reconoció, por medio del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el error de incluir la frase 'información confidencial'.

El lunes los partidos de oposición en el Congreso lanzaron duras críticas al Gobierno y al presidente Alvarado por el decreto y por el funcionamiento del equipo de análisis de datos.

La diputada Carmen Chan del bloque conservador Nueva República (evangélico) ha insistido los últimos dos días en la necesidad de que en Costa Rica se discuta incluir en la legislación la revocación del mandato presidencial, mientras que su compañero de bancada Jonathan Prendas, pidió la renuncia del presidente.

Diversos diputados opositores señalan que el presidente Alvarado violó la Constitución Política que garantiza la confidencialidad de las comunicaciones de los ciudadanos, le acusaron de autoritarismo y llegaron a compararlo con el gobierno venezolano.

Los diputados más mesurados de la oposición impulsaron una moción, apoyada por el mismo partido oficialista Acción Ciudadana, para la creación de una comisión que investigue el asunto, la cual será integrada próximamente, y a la que se prevé será convocado a declarar el presidente Alvarado.

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La noche del lunes, el presidente Alvarado emitió una cadena en la que pidió disculpas a los costarricenses por lo que consideró un error en la redacción del decreto y afirmó que nunca se han recopilado datos personales sensibles porque ese no era el propósito de la unidad de análisis y porque tampoco las leyes lo permiten.

'Quiero señalar, con toda claridad, que en materia del decreto relativo al equipo de análisis de datos se cometieron errores y por eso ordené corregir de inmediato esta situación, derogando el decreto', reconoció el presidente.

Sin embargo, el mensaje del mandatario no ha calmado el ambiente político y la oposición ha insistido en que el tema debe ser investigado a fondo para determinar qué tipo de información accedió y analizó la Presidencia, los protocolos utilizados y las medidas de seguridad empleadas.

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Costa Rica cuenta desde el 2011 con la 'Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales', la cual según algunos analistas requiere reformas ante los constantes avances tecnológicos.