Reclasificación empresas depende del tamaño y las ventas

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La clasificación de una empresa depende, según la Ley 187-17, de la cantidad de empleados y ventas brutas que tengan las mipymes (micro, pequeña y medianas empresas) anualmente.

Una clasificación errónea de una empresa la puede conducir a la quiebra si la lleva a tener gastos por encima de los que soporta esa unidad económica.

La semana pasada la Federación Dominicana de Comerciantes reunió a las principales instituciones que representan al sector mipymes, en ese encuentro advirtieron que aplicar el aumento del 14 % llevaría a ese sector a despedir a cientos de trabajadores y muchas tendrían que cerrar sus puertas.

Los emprendedores podrían ser afectados por medidas que no tomen en cuenta sus condiciones. Una empresa que se esté iniciando podría desaparecer rápido si es obligada a pagar altos salarios. Recientemente, un estudio arrojó que el 48.6 por ciento de los emprendimientos en su etapa de madurez en el país fracasan por problemas financieros y la falta de planeamiento estratégico. Según una encuesta realizada por el Instituto del Fracaso (The Failure Institute), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizada por la Vicepresidencia de la República y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), señala que el 66.9 por ciento del total de los encuestados no formalizó las operaciones de sus negocios, aunque el 43 por ciento dijo saber cómo hacerlo. El estudio fue publicado el 25 de junio de 2019.

El referente internacional de los estudios habla de que el 75 por ciento de estos emprendimientos no dura más de un año.

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El pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo y los representantes de los trabajadores y de los empresarios iniciaron labores para buscar la forma en que se aplicaría la reclasificación empresarial, la cual quedó fuera del aumento salarial del 14% que se aprobó el martes de la semana pasada en el Comité Nacional de Salarios.

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El viceministro de Fomento a las Mipymes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ignacio Méndez, aclaró recientemente que la política de salario mínimo debería estar acorde con la política de formalización.

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