Reclusas en EE.UU. fueron obligadas a exponer sus genitales durante un “ejercicio de entrenamiento”

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Tendría lugar un polémico registro que obligaría a las prisioneras a exponer sus genitales

Una unidad de agentes armados con porras y escudos asaltó, durante una madrugada de marzo de 2011, los dos módulos residenciales de un centro penitenciario de Illinois (EE.UU.), para llevarse esposadas a las 200 reclusas allí alojadas hacia el gimnasio del recinto.

Una vez en el pabellón deportivo, según revela este viernes el Washington Post, tendría lugar un polémico registro que obligaría a las prisioneras a exponer sus genitales.

Según el relato del rotativo estadounidense, las internas fueron obligadas a permanecer de pie frente a la pared durante más de una hora, sin ser informadas del motivo.

Transcurrido ese tiempo, se les ordenó que se desnudasen. A las mujeres que se hallaban en periodo de menstruación se les indicó además que se quitaran los tampones o las compresas, provocando en algunos casos flujos de sangre.

También se les ordenó levantar los pechos, recogerse el pelo, ponerse en cuclillas y toser. Finalmente, recibieron la orden de agacharse y abrir sus cavidades anales y vaginales.

Tras 8 años de litigio, un tribunal ha decretado, con dos jueces a favor y uno en contra, que este episodio es legal, al tratarse de un ejercicio de entrenamiento para los cadetes recién incorporados al cuerpo de seguridad de la prisión, que a juicio de los magistrados no atentó contra la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU., que protege el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.

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El magistrado disidente, el juez federal de distrito John Z. Lee, manifestó que este caso pone de manifiesto la necesidad de que los tribunales superiores revisen su criterio acerca de los derechos de privacidad corporal de los presos, especialmente cuando están obligados a revelar no solo sus cuerpos desnudos, sino también mostrar partes internas.

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En cualquier caso, el dictamen de este tribunal contrasta con una reciente sentencia de otra corte de Los Angeles, que condenó esta misma semana al condado californiano a pagar 53 millones de dólares a un grupo de reclusas que fueron tratadas de manera muy similar, según reportó la prensa local. En este caso, los jueces entendieron que sí se vulneraron los derechos protegidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

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